Distorsiones de precios y la moral

Haciendo un análisis acerca de las estructura de los márgenes de utilidad comparados de las empresas mas importantes de Argentina, Brasil y Estados Unidos, se puede observar una distorsión de la rentabilidad empresaria argentina.
El margen de utilidad en el sector del comercio por ejemplo muestran un comportamiento similar en los tres países, con utilidades del 2% y el 3%, y en el sector financiero también exponen un equilibrio de alrededor del 8%. Pero, las diferencias comienzan con la rentabilidad de los Servicios Públicos. En EE.UU., es del 6%, en Brasil; 4%, y la Argentina sorprende con un margen de utilidad de casi un 13%. Dentro de este gran sector, los que presentan un mayor margen de utilidad son el agua, electricidad, distribución de gas, correos y concesionarios viales. Casi la totalidad de las empresas que integran estos sectores pertenecen al grupo de empresas de servicios públicos privatizadas. Las diferencias tan notables en la rentabilidad de los servicios en nuestro país, esta directamente relacionada con el modo en que se estructuraron las privatizaciones: Condiciones casi monopólicas, con controles casi nulos y le agregaría la leyenda urbana, que los dueños de las empresas privatizadas, son los mismos privatizadores, que retirarían sus ganancias impidiendo hacer las reinversiones necesarias para lograr un buen servicio. Esto es historia.
En verdad, hoy el gran responsable de los incrementos es el Gobierno Nacional, y su gran voracidad, con el cúmulo de impuestos que debilita día a día al ciudadano común, que observa azorado sus boletas de servicios, donde es mayor la proporción de impuestos, que el importe del servicio en si.
En todo el país es evidente el malestar por el aumento indiscriminado de los valores del suministro eléctrico. Por ello es bueno explicar que las subas registradas, no van a las empresas proveedoras de servicios, sino directamente al Estado Argentino, mediante un fideicomiso de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación, creados especialmente para la generación de energía, desconociéndose el monto de los fondos y el destino de los mismos.
En resumen, el valor del kilovatio se incrementó, pero ese costo que paga el cliente va a la generación de energía, pero no a los transportistas, (que llevan la electricidad hacia las ciudades), ni a los distribuidores, (que reparten la energía a cada uno de los hogares). Estas ultimas dos patas del esquema de producción y distribución de electricidad están hoy presionando para que el Gobierno les permita también subir sus precios, y lograr que su empresa sea “mas rentable”. Con lo que sería casi seguro un nuevo tarifazo. Reitero: Las subas registradas en las boletas de luz, que llegan hasta el 400 por ciento, no van a las empresas proveedores del servicio sino a un fideicomiso de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación, y lo mas grave del tema es que no esta regida por las mismas normas que las demás erogaciones de la Administración Pública, solo figura una simple planilla en la que se enumeran los montos totales para cada fondo, y su uso es sin restricciones.
Los ciudadanos argentinos aparecen, débiles e indefensos ante una maquinaria estatal omnímoda y despiadada, que no escatima esfuerzos para mantenerlos dependientes y sumisos, con funcionarios nacionales que manejan millones prácticamente sin control, disciplinando y concentrando la economía.
Para corregir estas distorsiones, es obvio que se deben controlar efectivamente los precios de los servicios públicos privatizados y por el otro usar todas las herramientas políticas y judiciales para transparentar, y descubrir quienes son los verdaderos dueños de las empresas privatizadas, que siguen lucrando con el sufrimiento del pobre usuario. En verdad, la solución para este problema exige un patriotismo de veras y mucha honradez en la administración, dos requisitos ausentes por completo hoy en día.


Aníbal Hardy
hardyani@arnet.com.ar